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En Colombia, la distribución de la tierra y del poder político han sido factores centrales del conflicto armado. Los procesos organizativos de los trabajadores del campo han ocurrido en medio de la represión directa que ejercen el estado y el paramilitarismo, así como de otros factores como son las divisiones internas y la intervención de agentes externos a estos movimientos. La Constitución de 1991 abrió posibilidades de expresión política a los pueblos originarios y afrodescendientes pero las formas históricas de represión política y exclusión económica contra los trabajadores del campo y la ciudad no han tenido modificaciones sustanciales. La violencia asociada a la exclusión dio lugar a la formación de organizaciones guerrilleras, de distintos orígenes sociales y políticos ; su arraigo en ámbitos rurales que albergan recursos para la agricultura y la minería los ha convertido en objetivos militares dentro de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, con el argumento de la participación del país en la economía del narcotráfico. El principal marco de desarrollo de las organizaciones sindicales agrarias ha sido la agricultura exportadora ; no obstante, ante las dificultades para la inserción de la producción nacional en estos mercados el estado y los empresarios han acudido al deterioro de las condiciones laborales, a través del debilitamiento de las organizaciones de los trabajadores. En el ámbito de la resistencia contra los despojos se ha producido el renacimiento de pueblos originarios y buena parte de ellos ha establecido alianzas con otras organizaciones indígenas y con movimientos campesinos, renovando y ampliando sus interlocuciones con organizaciones sindicales de trabajadores agrícolas.
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