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A lo largo de la historia el tratamiento social ofrecido a las personas con discapacidad ha evolucionado considerablemente, pasando de forma esquematica de basarse en un modelo de “prescindencia” a otro de caracter “rehabilitador”, para concluir, en la actualidad, en un modelo de caracter social, que cobra carta de naturaleza en la Convencion Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 y que este libro analiza en detalle. El primero de estos modelos se basa en la consideracion religiosa del origen de la discapacidad y/o en la valoracion de estas personas como innecesarias. En base a estas premisas, la sociedad tiende a prescindir de estas personas, bien por la via de la aplicacion de politicas eugenesicas, bien por la via de incluirlas entre las clases marginales. El segundo modelo parte de una valoracion distinta del origen de la discapacidad, atribuyendolo a razones de naturaleza cientifica y promueve la adopcion de medidas rehabilitadoras con el fin de lograr el mayor grado de normalizacion de las personas afectadas. La incidencia de factores sociales en la nocion del fenomeno mismo de la discapacidad abre las puertas a la introduccion del tercer modelo, el denominado social. Este ultimo modelo -todavia en proceso de implantacion, al menos entre nosotros- considera que las bases en que se asienta la discapacidad son, preponderantemente, de caracter social, y fundamenta sus politicas en principios tales como el de la vida independiente, la no discriminacion, la accesibilidad universal, la normalizacion del entorno y el dialogo civil, entre otros. A diferencia del modelo anterior, centrado en la rehabilitacion individual, el nuevo modelo aboga, en definitiva, por la rehabilitacion o normalizacion de una sociedad que debe ser pensada y disenada con el fin ultimo de lograr hacer frente a las necesidades de todas las personas, sea cual sea su situacion. Desde esas premisas, el modelo plantea el mayor grado de desinstitucionalidad posible y, en cuanto a los medios de subsistencia, preconiza la idoneidad de la seguridad social y el trabajo ordinario, aceptando solo con caracter excepcional el protegido.
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