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El conocimiento científico ocupa un lugar preponderante en las sociedades contemporáneas, y adquiere por ello un carácter político de primera magnitud. Pero, se da la paradoja de que las políticas públicas en la materia tienden a instalarse en el plano, presuntamente Incuestionable, de medidas ajustadas a la racionalidad técnica que excluye las políticas más elementales. Entonces, la política científica y tecnológica es definida como el despliegue de capacidades de innovación de la sociedad mediante la vinculación entre diversos actores (fundamentalmente el gobierno, los individuos e instituciones científicas o académicas y las empresas). Desde América Latina, esto puede significar dos cuestiones básicas: una, vinculada con el problema del desarrollo. Otra, un sesgo particular que asocia las orientaciones que debe adoptar la política científica y tecnológica con una cierta concepción de la economía y la sociedad, que aparece como un nuevo "pensamiento único" al que sólo cabe adaptarse.
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