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Quim Brugué *El eje temático de este nuevo número de la revista GAPP ha estado injustamente marginado de los apasionados debates que ha suscitado la modernización de la administración pública.La atracción que ha ejercido la gestión empresarial, las modas privatizadoras y desreguladoras o, más genéricamente, el desprestigio del gobierno y de la cosa pública contribuyen a explicar por qué, durante la última década, la dimensión democrática de la administración pública ha aparecido únicamente en algunas eruditas notas a pie de página.Esta marginación, sin embargo, no ha conseguido reducir la importancia del tema.Ha conseguido, en cambio, distorsionar peligrosamente el discurso de la modernización administrativa.Referirse a la dimensión democrática de la administración pública no supone un menoscabo de algo que sí ha estado muy presente en los debates recientes sobre su modernización: la mejora en la economía y la eficiencia de sus actuaciones.Supone, en cambio, recordar que la administración pública no se entiende sin sus referentes políticos y sociales.En otras palabras, supone reconocer que la administración pública es algo más que un instrumento técnico, un brazo ejecutivo o un mecanismo dedicado inocuamente a lo que podríamos denominar una implementación aséptica de órdenes o directrices emanadas en centros políticos de decisión.Muy al contrario, la administración pública configura un espacio donde surgen y se resuelven conflictos, donde interactúan intereses contrapuestos, donde se prioriza entre valores en competencia y donde, en definitiva, se dan cita todos los elementos de un debate político.
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