La regularización territorial en la zona metropolitana de la ciudad de México (1970-2002): un instrumento desvinculado de la política de ordenamiento territorial

Abstract

El presente trabajo aborda las políticas de regularización de la tenencia de la tierra urbana en la ZMCM, tomando en cuenta principalmente la acción gubernamental, el régimen de la tenencia del suelo y los niveles de ingreso de la población beneficiaria. Es decir, por un lado se ve las acciones y sus instrumentos, y por el otro, los factores favorables de ejecución de los programas y/o los obstáculos que afectan su dinámica. Para finalmente conocer la respuesta de la población a estas políticas, de acuerdo con el régimen de la tenencia de la tierra y los niveles de ingreso.El estudio comprende de 1970 hasta el 2002, pues a partir de 1970 la necesidad de la regularización se hizo presente en los programas urbanos, debido al incremento de los asentamientos irregulares y las presiones sociales de sus pobladores, que demandaban legitimación de la propiedad, obtención de servicios y equipamiento urbanos.En más de tres décadas, las acciones gubernamentales de regularización han ido evolucionando hasta convertirse en componentes principales de las políticas urbanas. Los cambios en sus instrumentos y mecanismos fueron institucionalizados a través de los diferentes periodos gubernamentales, como consecuencia de la mediación de cuatro elementos: las constantes presiones sociales, la vocación política sexenal, la disposición de los recursos administrativos y financieros, y la capacidad económica de la población.Así, las acciones promovidas por diferentes políticas, han provocado diferentes respuestas de los sectores sociales en función al tipo de propiedad. La tierra privada es regularizada en mayor proporción que la ejidal, aún con las reformas del art. 27 constitucional, la regularización de la tenencia de tierras ejidales continúa presentando dificultades. Y mientras los grupos de mayores ingresos regularizan sus predios sin inconvenientes, los de ingresos más bajos tienen problemas para asumir el costo de la regularización.En conclusión, regularizar la tenencia del suelo urbano para vivienda, representa hoy para la acción gubernamental un atractivo y al mismo tiempo un desafío político, social y económico, tanto por las operaciones magnificables que otorga el proceso, como por las dificultades que hallan los intereses de la agenda oficial en materia de legitimación. Aspectos que acorde al potencial electoral y fiscal del territorio, finalmente determinan el grado de involucramiento e intervención del Estado. Flexibilizando de esta manera la articulación de la política habitacional con la ordenación del territorio y la dinámica poblacional, que conlleva a no satisfacer suficientemente la demanda y promoción de suelo con aptitud habitacional, y el desarrollo de infraestructura y servicios públicos básicos para la vivienda social.

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