¿Está en peligro la cobertura universal en nuestro Sistema Nacional de Salud?

Abstract

de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones 1 , modifica elementos sustantivos de nuestro sistema sanitario.Su capítulo 1 realiza un cambio estratégico de mucha profundidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS), al modificar el contenido del artículo 3 de la Ley de Cohesión 16/2003, que definía como titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a: «. ..Todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000» 2 , y que ahora pasa a tener la siguiente redacción: «La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado».Además, el decreto no hace mención al apartado de la reciente Ley General de Salud Pública, que mediante el redactado «1.Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico» 3 generalizaba el derecho a la asistencia sanitaria pública al incorporar los escasos colectivos que, por carencias del desarrollo reglamentario de las normas precedentes, habían quedado sin contemplar.El derecho a la asistencia sanitaria estaba vinculado a la posesión de la ciudadanía espa ñola o del empadronamiento en Espa ña.Este derecho pasa ahora a estar vinculado a la situación de estar asegurados o de ser beneficiarios de la Seguridad Social.La diferencia es sustancial.Si teníamos el derecho por ser espa ñoles y por ser residentes, «todos» teníamos el derecho; si lo tenemos por estar asegurados o ser beneficiarios, tenemos que verificar y demostrar que tenemos el derecho.Respecto a la condición de ser beneficiario, se asigna su determinación a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que introduce la duda sobre si esta disposición es concordante con lo que determinan algunos estatutos de autonomía, normas de rango superior al Decreto Ley analizado.Tras décadas de trabajo de integración y de ampliación progresiva de la cobertura hasta alcanzar la universalidad de nuestro SNS, con hitos claros en la Ley General de Sanidad (1986), la financiación de la sanidad por impuestos (1999), las Leyes de Extranjería (2000)

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