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24 de febrero de 2017 / Disponible on line: 4 de julio de 2017 Resumen.La actividad comunitaria, sanitaria y social precisa un Estado que garantice las prestaciones sociales.En el actual escenario político-económico internacional, donde prima la ganancia de unos pocos frente a la solidaridad, el trabajo social y de salud mental se encuentran en la disyuntiva de ser integrados como técnicas asistenciales para paliar los fallos del sistema o la acción a contracorriente conquistando espacios en el horizonte de una sociedad del bienestar.El hecho es que desde el año 2008, inicio de la crisis financiera, se ha incrementado la renta de los más ricos de los ricos y se han acrecentado también las desigualdades en el mundo, precarizando las clases medias, especialmente en el sur de Europa.En España hoy resulta difícil hablar de derechos sociales para toda la ciudadanía, pues amplias franjas de la población no tienen garantizado el derecho a la atención sanitaria, a la vivienda o a prestaciones sociales esenciales.Se impone un asistencialismo graciable, una vuelta a criterios propios de la beneficencia, y a la instrumentalización de los recursos públicos como medios de control social.
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