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La concepción y valoración del territorio que hacen las sociedades depende en gran medida de cómo los gobiernos competentes regulan el suelo no urbanizable. Desde la fragmentación competencial vigente en España, hasta el centralismo portugués, existen ejemplos variados sobre este particular. La evolución normativa, influenciada por cambios más amplios del espectro político, social, ideológico y administrativo, ha delimitado espacios y distribuido usos, teniendo el residencial un peso específico importante. El objetivo de este trabajo es conocer el papel y la posición que las administraciones competentes en materia urbanística y territorial en el contexto ibérico han tomado con respecto a la proliferación de desarrollos rururbanos. Para ello, se realiza un análisis comparado sobre los criterios de clasificación del suelo no urbanizable y la integración del concepto de desarrollo sostenible en la legislación urbanística, así como de la cabida que, dentro de la ley, tienen estos procesos modernos de expansión urbana. Los trabajos indican una postura aún indeterminada y, en ocasiones, contradictoria. A pesar de esto, se observa una propensión a la desregulación y flexibilización progresiva de esta clase de suelo que, de consolidarse, supondría la legitimación de un consumo improductivo del territorio, como alternativa a los usos agropecuarios tradicionales.
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