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El artículo analizó la Sentencia 1788-24-EP/25 de la Corte Constitucional del Ecuador, que aceptó la acción extraordinaria de protección presentada por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) contra las sentencias que habían extendido los beneficios del contrato colectivo a servidores administrativos sujetos a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Un estudio cualitativo de caso examinó la sentencia, la Sentencia 68-20-IN/24, la Constitución, la normativa laboral y de garantías jurisdiccionales, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y doctrina arbitrada. La Corte concluyó que la acción de protección fue desnaturalizada, porque se usó para declarar derechos laborales que la Constitución y la ley reservan a los obreros; anuló lo actuado, ordenó recuperar más de 79 millones de dólares y declaró el error inexcusable de los jueces provinciales. Se concluye que el fallo protege la seguridad jurídica, pero deja abierto el debate sobre la negociación colectiva en el sector público.
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