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Durante decadas el desarrollo de la participacion de los trabajadores en la empresa ha sido potenciado e impulsado desde las instituciones comunitarias. Ese impulso se concreto en la Directiva 94/45, de 22 de septiembre sobre constitucion de un Comite de Empresa Europeo o de un procedimiento de informacion y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimension comunitaria. La Ley 10/1997, de 24 de abril, procede a trasponer a nuestro Derecho la Directiva 94/95, de 22 de septiembre, sobre la Constitucion de un Comite de Empresa Europeo, o de un procedimiento de informacion y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimension comunitaria. Su principal caracteristica se basa en el respeto a las distintas regulaciones e instituciones de los sistemas de relaciones laborales de los diferentes Estados Miembros. Con esta pretension se articula un complejo sistema de remision o reenvio de normas cuya aplicacion va mas alla de los limites nacionales de cada Estado Miembro, pero que, convenientemente, el legislador nacional ha optado por separar en distintas partes del propio texto legal. En fin, la Ley 10/97 supone la consecucion de una de las pretensiones de mayor alcance de la politica social europea, al lograr canalizar dos escollos no superados hasta entonces: la concentracion de empresas y la transformacion de la participacion de los trabajadores en una senal de identidad de las empresas y grupos de empresas europeos.
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