La aprobación del Convenio 169 de la OIT en 1989 inició una serie de amplios cambios políticos en las relaciones entre los indígenas -y, en menor medida, gente negra- y sus tierras tradicionales en las tierras bajas tropicales de América Latina. De 19 países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT en los últimos veinte años, 13 han sido de América Latina. Entre otras cosa, la Convención establece una base legal para los derechos culturales, la auto determinación y el reconocimiento de las tierras tradicionales. Además de convertirse en ley nacional una vez es ratificada, este Convenio ha sido incorporado a muchas reformas constitucionales que se han generalizado en la región desde 1990. Uno de los resultados de estos desarrollos ha sido el mapeamiento de los tradicionales reclamos de tierras de indígenas y negros en su mayoría en «tierras nacionales». Históricamente, los mapas han servido como instrumentos del imperio para desposeer a los indígenas y los pobladores negros rurales de sus tierras, pero ahora con la ayuda de ONG internacionales estas poblaciones están re-mapeando: han aprendido que deben mapear o son mapeados. Los ubicuos proyectos de cooperación internacional sobre mapeamiento que uno encuentra a través de toda América Latina hoy, sin embargo, han alterado la forma en que la que la gente expresa su relación con la tierra y entre sí, y ha redefinido la manera en que confluyen la identidad, el territorio y las prácticas políticas. Los mapas han sido siempre instrumentos del poder, pero ahora los procesos sociales y políticos que involucran la producción de «contra-mapas» están afectando las relaciones entre territorio e identidad al interior de muchas poblaciones indígenas y negras en las tierras bajas tropicales de América Latina. Este artículo proporciona un panorama de estos recientes desarrollos y sugiere que las consecuencias a largo plazo de la espacialización de las políticas identitarias no han sido suficientemente examinadas.
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