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Acontecimientos como los del Parque Indoamericano, La Veredita y el acampe en la calle México pusieron al descubierto la gravedad del problema habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar que la población de la ciudad no crece desde fines de la década de 1940 y de que en las últimas décadas su parque de viviendas se ha multiplicado; el aumento producido, desde el año 2003, en los valores del suelo y de los inmuebles –merced a la dinamización del negocio inmobiliario y de la construcción– sumado a la carencia de una política habitacional integral restringieron fuertemente las posibilidades de acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda. En este contexto, aun cuando el artículo 14–bis de la Constitución Nacional consagra el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país a una vivienda digna y de calidad y la cláusula 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea la obligatoriedad del poder público de generar las condiciones de acceso y el goce del derecho a la vivienda adecuada; el derecho a la vivienda ha sido sistemáticamente vulnerado. Más aún, el mercado aparece como la esfera central de satisfacción de las necesidades habitacionales y la lógica del mercado tiene directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores de menores ingresos residentes en la ciudad.
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